Cuando un ser querido tiene un consumo problemático y se niega a tratarse, muchas familias se preguntan si es posible una internación involuntaria. La respuesta corta: en Argentina existe, pero la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 la reserva para situaciones excepcionales y la rodea de controles estrictos para proteger los derechos de la persona.
En esta nota te explicamos qué dice la ley, cuándo procede y qué opciones tiene la familia cuando no se dan esas condiciones.
Información general. Este artículo resume la Ley 26.657 con fines informativos y no reemplaza el asesoramiento legal. Para una situación concreta, consultá con un abogado o con los organismos de defensa que correspondan.
La Ley de Salud Mental y las adicciones
La Ley 26.657, sancionada en 2010, establece en su artículo 4 que las adicciones deben abordarse como parte de las políticas de salud mental. Las personas con uso problemático de drogas, legales o ilegales, tienen todos los derechos que la ley reconoce en su relación con los servicios de salud.
Entre esos derechos están recibir información adecuada, ser acompañadas por sus familiares u otros afectos durante el tratamiento y recibir la alternativa terapéutica que menos restrinja sus derechos y libertades (art. 7).
¿Qué es la internación según la ley?
Para la ley, la internación es un recurso terapéutico de carácter restrictivo. Solo debe indicarse cuando aporta más beneficios que las intervenciones posibles en el entorno familiar, comunitario o social de la persona, y tiene que ser lo más breve posible según criterios terapéuticos interdisciplinarios (arts. 14 y 15).
Toda internación requiere, además, una evaluación y un diagnóstico interdisciplinario con los motivos que la justifican, firmados por al menos dos profesionales del servicio, uno de ellos psicólogo o médico psiquiatra (art. 16).
La regla general es la internación voluntaria: la persona da su consentimiento informado y puede decidir dejarla en cualquier momento (art. 18). Si una internación voluntaria se prolonga más de 60 días corridos, el equipo de salud debe comunicarlo al Órgano de Revisión y al juez. La internación involuntaria es la excepción.
¿Cuándo procede la internación involuntaria?
Según el artículo 20, la internación involuntaria es un recurso excepcional para los casos en que no son posibles los abordajes ambulatorios, y solo puede realizarse cuando, a criterio del equipo de salud, existe una situación de riesgo cierto e inminente para la persona o para terceros.
Es decir: el criterio no es el consumo en sí, ni que la familia esté desbordada, ni que la persona se niegue a hacer un tratamiento. Lo que habilita esta medida es la existencia de ese riesgo, evaluado por profesionales de la salud.
Tampoco es una sanción ni una forma de "darle una lección" a alguien. Es una medida sanitaria, pensada para proteger la vida y la salud en un momento crítico, sujeta a control judicial y que debe durar lo menos posible.
Requisitos específicos del artículo 20
Además de los requisitos comunes a toda internación, tienen que constar:
- Un dictamen profesional del servicio asistencial que realiza la internación, que determine la situación de riesgo cierto e inminente. Debe estar firmado por dos profesionales de distintas disciplinas, sin parentesco, amistad ni vínculos económicos con la persona, y uno de ellos tiene que ser psicólogo o médico psiquiatra.
- La ausencia de otra alternativa eficaz para su tratamiento.
- Un informe sobre las instancias previas que se hayan implementado, si las hubo.
Plazos y control judicial de la internación involuntaria
La decisión no queda solo en manos del equipo tratante. El artículo 21 establece un control externo con plazos concretos:
- La internación involuntaria debe notificarse en un plazo de 10 horas al juez competente y al Órgano de Revisión.
- En un máximo de 48 horas deben agregarse todas las constancias que exige el artículo 20.
- El juez tiene hasta 3 días corridos desde la notificación para autorizar la internación, pedir informes ampliatorios o peritajes externos, o denegarla. Si la deniega, debe asegurar la externación de forma inmediata.
El Órgano de Revisión es un organismo creado por la misma ley, en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa, para proteger los derechos humanos de las personas usuarias de servicios de salud mental.
Mientras dure la internación, el juez debe pedir informes periódicos sobre su evolución (art. 24). El alta, en cambio, es una facultad del equipo de salud y no necesita autorización judicial, aunque en las internaciones involuntarias hay que informarla al juez (art. 23).
Derechos de la persona internada
La persona internada de forma involuntaria, o su representante legal, tiene derecho a designar un abogado. Si no lo hace, el Estado debe proporcionarle uno desde el momento de la internación. Ese defensor puede oponerse a la internación y pedir la externación en cualquier momento (art. 22).
Estos controles no buscan trabar el acceso al tratamiento. Buscan que una medida que restringe la libertad se use solo cuando hace falta, por el menor tiempo posible y con supervisión.
¿Qué pasa con los menores de edad?
Para la internación de personas menores de edad, el artículo 26 remite a los mismos controles: los requisitos, plazos y derechos de los artículos 20 a 25. En el caso de niñas, niños y adolescentes, además, se aplica la normativa nacional e internacional de protección integral de derechos.
En la práctica, esto significa que la internación de un hijo o una hija menor también exige la evaluación del equipo de salud y el control judicial que prevé la ley.
¿Qué puede hacer la familia si la persona no quiere tratarse y no hay riesgo inminente?
Es la situación más frecuente y una de las más angustiantes. Si no hay riesgo cierto e inminente, la ley no habilita una internación involuntaria. Pero eso no significa que no se pueda hacer nada:
- Consultar como familia. Un equipo especializado puede orientarte aunque tu familiar todavía no participe.
- Sostener la conversación, sin ultimátums que no vas a cumplir y con límites claros, como no financiar el consumo. En nuestra nota sobre cómo ayudar a un familiar con adicciones encontrás ideas concretas.
- Proponer un primer paso posible: una entrevista, una consulta médica o un tratamiento ambulatorio. A veces es más fácil aceptar algo pequeño.
- Buscar apoyo para vos, con un espacio terapéutico propio, grupos de familiares o terapia familiar.
- Llamar a la Línea 141 de SEDRONAR, gratuita, anónima y disponible las 24 h, para recibir orientación.
Muchas veces, cuando la persona se siente escuchada y ve que hay un lugar preparado para acompañarla, se abre la posibilidad de una internación voluntaria en una comunidad terapéutica. En la guía sobre cómo internar a un familiar te contamos cómo encarar ese proceso.
Si hay riesgo inminente. Ante una intoxicación, una crisis o amenazas de hacerse daño o de dañar a otros, llamá al 107 (SAME, CABA) o al servicio de emergencias de tu localidad / 911.
En Espacio Terapéutico cada ingreso se hace después de una entrevista de evaluación con nuestro equipo interdisciplinario. Podés conocer cómo es el proceso de admisión paso a paso o escribirnos si tenés dudas sobre la situación de tu familiar.
Preguntas frecuentes
¿La familia puede pedir una internación involuntaria?
La familia puede consultar y pedir una evaluación, pero la decisión no depende de ella. Según la Ley 26.657, la internación involuntaria solo procede cuando el equipo de salud determina un riesgo cierto e inminente para la persona o para terceros, con los requisitos y controles que fija la ley.
¿Un juez puede ordenar una internación?
El artículo 21 establece que el juez solo puede ordenar por sí mismo una internación involuntaria cuando, cumplidos los requisitos del artículo 20, el servicio de salud responsable de la cobertura se niega a realizarla. Su rol principal es controlar la internación: autorizarla, pedir informes o denegarla.
¿Cuánto puede durar una internación involuntaria?
La ley indica que toda internación debe ser lo más breve posible, según criterios terapéuticos interdisciplinarios. Mientras dura, el juez debe pedir informes periódicos sobre la evolución. El alta la decide el equipo de salud, sin necesidad de autorización judicial.
¿La persona internada tiene derecho a un abogado?
Sí. La persona internada de forma involuntaria, o su representante legal, puede designar un abogado. Si no lo hace, el Estado debe proporcionarle uno desde el momento de la internación, y ese defensor puede pedir la externación en cualquier momento.
¿Qué hago si mi hijo no quiere tratarse y no hay riesgo inminente?
En ese caso la ley no habilita una internación involuntaria, pero podés consultar como familia, buscar orientación profesional y trabajar la motivación para que acepte un primer paso. La Línea 141 de SEDRONAR también brinda orientación gratuita y anónima las 24 h.
Contenido informativo elaborado por el equipo de Espacio Terapéutico. No reemplaza la consulta con un profesional de la salud.



